El auge
de la delincuencia no es culpa del código
Katia
Miguelina Jiménez Martínez
Sin lugar a dudas que la delincuencia, la violencia
y la inseguridad ciudadana son temas que preocupan a todas las sociedades, que
como la dominicana está en un proceso de evolución, pues cuanto mayor sea la
prisa por alcanzar ciertos niveles de desarrollo, mayor será el peligro de
verse atacada por la delincuencia, que aprovechándose de ese proceso acelerado,
se irá transformando para adaptarse al medio en que se va a desenvolver.
Como fenómeno social que es, la delincuencia está
íntimamente relacionada con factores sociológicos, económicos, políticos, entre
otros, llegándose a afirmar que ésta viene siendo la conducta resultante del
fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que
vive[1].
Actualmente la mayoría de los criminólogos afirman
que la delincuencia es un fenómeno estrechamente vinculado a cada tipo de
sociedad y es un reflejo de las principales características de la misma, por lo
que si se quiere comprender el fenómeno de la delincuencia resulta
imprescindible conocer los fundamentos básicos de cada clase de sociedad, con
sus funciones y disfunciones.
Es por todo lo anterior que disiento de aquéllos,
que queriéndolo o no, minimizan este grave problema que tiene planteado la
sociedad dominicana atribuyéndolo a la implementación del Código Procesal
Penal. Y como diría el conocido comunicador de un importante programa radial
matutino: el "cólico", refiriéndose al instrumento legal que pauta los
procedimientos a observar en los casos penales, es el culpable del auge de la
delincuencia.
El delito no tiene una sola causa, y mucho menos lo
es el Código. Es un fruto multifactorial, por lo que se precisa estudiarlo en
relación con otros fenómenos sociales y con la colectividad en cuyo seno se
consuma. Por ello cuando se habla de delincuencia, de violencia, se inseguridad
ciudadana, debemos, necesariamente remitirnos al contexto cultural, económico,
político y social donde éstas están teniendo lugar.
También, ha de tenerse en cuenta que la seguridad
pública o ciudadana no depende exclusivamente del grado de eficacia del Estado
y sus instituciones policiales para reprimir directamente la criminalidad y
preservar el orden público, sino que es consecuencia también de las políticas
económica y social, de la estrategia estatal hacia la pobreza, la marginación,
la desigualdad y la iniquidad.
Sin embargo, el lenguaje de la condena y el castigo
es el que prevalece y se ha colocado en el discurso oficial y está siendo
presentado como la "expresión del sentimiento público", el enojo
colectivo, junto a una exigencia moral de retribución en lugar del compromiso
por buscar una solución justa, de carácter social, como afirma David Garland en
su obra "La Cultural
del Control".
Como ya afirmamos en la medida en que las
sociedades se transforman, también la delincuencia se irá adaptando al nuevo
modelo. De delincuencia menor se ha llegado a la delincuencia organizada, y
ésta última se fortalece de los vínculos y alianzas que logra tener en todos
los niveles, incluyendo el político y el militar. Los actos de corrupción son
la causa para que logren su impunidad, no es el "cólico". Tal fuerza
deriva también de la violencia, a la que se acude para establecer el control
hasta entre sus propios miembros.
La relación entre violencia, corrupción y
delincuencia organizada es central en la formación e implementación
de políticas públicas coordinadas entre los órganos de inteligencia,
policías, Ministerio Público y Poder Judicial[2].
Finalmente, nos resta decir que controlar y luchar
en contra de la corrupción en el sector público es indispensable, si en
realidad se pretende alcanzar un desarrollo político y económico sostenido que
permita combatir la pobreza y las marcadas diferencias sociales, pues estos
factores contribuyen al aumento de la delincuencia. Este grave problema
no es culpa del "código", ni se resuelve derogándolo o modificándolo.
LA AUTORA
ES JUEZ DE LOS TRIBUNALES PENALES
