El auge de la delincuencia no es culpa del código
Katia Miguelina Jiménez Martínez
Sin lugar a dudas que la delincuencia, la violencia y la inseguridad ciudadana son temas que preocupan a todas las sociedades, que como la dominicana está en un proceso de evolución, pues cuanto mayor sea la prisa por alcanzar ciertos niveles de desarrollo, mayor será el peligro de verse atacada por la delincuencia, que aprovechándose de ese proceso acelerado, se irá transformando para adaptarse al medio en que se va a desenvolver.
Como fenómeno social que es, la delincuencia está íntimamente relacionada con factores sociológicos, económicos, políticos, entre otros, llegándose a afirmar que ésta viene siendo la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive[1].
Actualmente la mayoría de los criminólogos afirman que la delincuencia es un fenómeno estrechamente vinculado a cada tipo de sociedad y es un reflejo de las principales características de la misma, por lo que si se quiere comprender el fenómeno de la delincuencia resulta imprescindible conocer los fundamentos básicos de cada clase de sociedad, con sus funciones y disfunciones.
Es por todo lo anterior que disiento de aquéllos, que queriéndolo o no, minimizan este grave problema que tiene planteado la sociedad dominicana atribuyéndolo a la implementación del Código Procesal Penal. Y como diría el conocido comunicador de un importante programa radial matutino: el "cólico", refiriéndose al instrumento legal que pauta los procedimientos a observar en los casos penales, es el culpable del auge de la delincuencia.
El delito no tiene una sola causa, y mucho menos lo es el Código. Es un fruto multifactorial, por lo que se precisa estudiarlo en relación con otros fenómenos sociales y con la colectividad en cuyo seno se consuma. Por ello cuando se habla de delincuencia, de violencia, se inseguridad ciudadana, debemos, necesariamente remitirnos al contexto cultural, económico, político y social donde éstas están teniendo lugar.
También, ha de tenerse en cuenta que la seguridad pública o ciudadana no depende exclusivamente del grado de eficacia del Estado y sus instituciones policiales para reprimir directamente la criminalidad y preservar el orden público, sino que es consecuencia también de las políticas económica y social, de la estrategia estatal hacia la pobreza, la marginación, la desigualdad y la iniquidad.
Sin embargo, el lenguaje de la condena y el castigo es el que prevalece y se ha colocado en el discurso oficial y está siendo presentado como la "expresión del sentimiento público", el enojo colectivo, junto a una exigencia moral de retribución en lugar del compromiso por buscar una solución justa, de carácter social, como afirma David Garland en su obra "La Cultural del Control". Como ya afirmamos en la medida en que las sociedades se transforman, también la delincuencia se irá adaptando al nuevo modelo. De delincuencia menor se ha llegado a la delincuencia organizada, y ésta última se fortalece de los vínculos y alianzas que logra tener en todos los niveles, incluyendo el político y el militar. Los actos de corrupción son la causa para que logren su impunidad, no es el "cólico". Tal fuerza deriva también de la violencia, a la que se acude para establecer el control hasta entre sus propios miembros.
La relación entre violencia, corrupción y delincuencia organizada es central en la formación e implementación de políticas públicas coordinadas entre los órganos de inteligencia, policías, Ministerio Público y Poder Judicial[2].
Finalmente, nos resta decir que controlar y luchar en contra de la corrupción en el sector público es indispensable, si en realidad se pretende alcanzar un desarrollo político y económico sostenido que permita combatir la pobreza y las marcadas diferencias sociales, pues estos factores contribuyen al aumento de la delincuencia. Este grave problema no es culpa del "código", ni se resuelve derogándolo o modificándolo.
